César Bustamante habla de los efectos de la LOTTT (entrevista completa)

1. Todo cambio de legislación afecta a los destinatarios que cuando menos, deben
cambiar de hábitos para acomodarse a las nuevas exigencias.
Tratándose de normas de trabajo, esto se hace más sensible. Afecta a la
organización empresarial, principalmente respecto de la adopción de las nuevas
limitaciones de jornada lo cual puede implicar desde la reducción de la
producción de bienes o la prestación de servicios hasta, si se quieren mantener
los niveles de producción o de servicios proporcionados, el empleo de más
trabajadores. Desde luego, en ambos casos eso incide en los costos de producción
y por ende en los precios. En su libro Derecho del Trabajo, cuya primera edición
data de 1939, el doctor Rafael Caldera se refiere a las objeciones a la Ley del
Trabajo de 1936 pues se temía que causaría la ruina de los productores y aquí
estamos, hemos sobrevivido y los malos augurios no ocurrieron. Las objeciones no
son muy distintas a las que siempre se han presentado con ocasión de cambios en
la legislación laboral. El punto está en que esos cambios traigan, en general,
beneficios a toda la nación. Que no se cierren las fuentes de empleo; que, por
el contrario, se reduzca el desempleo, en especial, entre la población que por
primera vez busca un trabajo; que el mayor número de personas pueda adquirir los
bienes y servicios esenciales; que la economía del país se haga más fuerte y no
más vulnerable.
2. Descartemos la opción de
cerrar la empresa, que sólo la seguirán aquellos negocios que ya tenían una
existencia precaria o una gerencia muy resistente a los cambios. Las empresas
deberán hacer cambios en su organización interna, llevar más controles de los
contratos de trabajo, del cumplimiento de los deberes de trabajo para poder
justificar los despidos, dada la estabilidad reforzada que trae la ley,
modificar prácticas en diversos órdenes del funcionamiento interno,
especialmente la jornada y los ”outsourcings” -tercerización-. Deberán decidir
si reducen la generación de bienes y servicios o si para mantenerlos, aumentarán
el personal o, en su lugar, si responder con nuevas tecnologías que les permitan
sostener e incluso, incrementar la producción sin emplear más personal. Tomar
decisiones desde el punto de vista económico respecto de los costos y los
precios.
3. Lo más sensato es hacer
seguimiento de los cambios en el nivel de empleo, la producción de bienes y
servicios, el ingreso de toda la población, en fin, de la fortaleza económica de
la nación; tratar de aislar cuáles de esos cambios son consecuencia de las
nuevas disposiciones y sobre esa base, juzgar, e introducir los ajustes
necesarios. En lo personal, tengo fe, quiero creer, que el país se adaptará a la
nueva legislación y no percibiremos efectos demasiado negativos e incluso, hasta
podría traer un mayor bienestar general. Pienso que todos los sectores comparten
esta última aspiración.
4. En cuanto a la necesidad de la reforma
para los trabajadores, es discusión que no tiene fin. Y es patético que después
de más de una década, Venezuela no dispusiera de estudios serios,
científicamente apoyados, sobre el impacto de la reforma de 1997 sobre el
ingreso de la clase trabajadora y de la economía nacional, tanto así que la
nueva legislación acoge los dos sistemas: el de la reforma de 1997 y el de la
llamada “retroactividad” de las prestaciones sociales. En lenguaje coloquial: se
declaró tablas la discusión. Lo cierto es que estaban pendientes dos tareas por
cumplir: la reducción de la jornada y el rescate del viejo modo de cálculo de
las prestaciones. El constituyente de 1999 había señalado esas dos tareas y se
ha tardado más de una década en cumplirlas. Por lo demás, la reducción de la
jornada ya estaba enunciada en la Constitución de 1961 entre los derechos
sociales.
5. Algunas reivindicaciones eran y son viables y se impondrán. Otras
reivindicaciones quedarán en desuso y desaparecerán o permanecerán como un
asunto a ser asumido y realmente implantado en el futuro. Pero siempre pasa así
con toda legislación, porque ésta nunca existe aislada sino rodeada y
retroalimentada de factores sociales, económicos y políticos.
6. Nada mejor para responder esta pregunta que las palabras de un distinguido
profesor uruguayo, docente por muchos años de la UCAB, Osvaldo Mantero de
Sanvicente: para algunas concepciones del Derecho del Trabajo, el conflicto se
manifiesta como una disfuncionalidad de las relaciones laborales… para otras, el
conflicto constituye la esencia y razón de ser del Derecho del Trabajo. Dentro
de estas, el Derecho del Trabajo es la tentativa de regular jurídicamente la
contradicción esencial de las sociedades capitalistas. De acuerdo con esos
criterios, hay que distinguir entre el conflicto laboral como conflicto
inherente a nuestra manera de producir, y los conflictos concretos que pueden
surgir como consecuencia de la prestación de trabajo. Aun cuando los segundos
suelen ser una manifestación del primero, son susceptibles de solución. El
primero, en cambio, no lo es.
7. La teoría general del derecho enseña que cuando entre una norma superior y
otra inferior (ley y reglamento, por ejemplo) surgen varias hipótesis de
interpretación, unas llevando a la contradicción entre normas, otras a la
complementación entre ambas, no se puede concluir que las normas sean
antagónicas, sino que hay hipótesis de interpretación falsas e hipótesis de
interpretación ciertas. Eso pasa con la aparente contradicción entre las normas
leglales y reglamentarias sobre los días de descanso. El reglamento ha dado
respuesta a las dudas sobre la necesaria continuidad de los días de descanso
cuando esto es imposible dada la modalidad de funcionamiento de la empresa. Por
supuesto, hubiera sido mejor que tales dudas no se hubieran generado. Eso
atiende a la calidad técnica del instrumento normativo. Y lo mejor no es usar la
norma reglamentaria para enmendar las carencias de la norma legal, sino reformar
ésta. En el contexto actual, esto no es posible sin levantar una polvareda
política de grandes proporciones.
8. Me remito a las respuestas anteriores. Esta historia no termina aquí. Habrá
que evaluar los efectos jurídicos, sociales, económicos y políticos de las
nuevas disposiciones y si se requiere, hacer ajustes. Por otra parte, uno podría
plantearse: ¿justicia social y desarrollo económico están necesariamente en
contradicción? ¿para alcanzar el desarrollo económico forzoso es sacrificar la
justicia social? y a la inversa ¿el logro de la justicia social conlleva de
forma indisoluble al atraso económico? Me inclino a pensar (¿creer?) que es
posible el logro armónico de los dos objetivos.
9 y 10. Las nuevas disposiciones laborales representan para las empresas
afectadas de manera crítica por ellas (que no es la totalidad, pues muchísimas
ya venían operando con jornadas de 40 horas semanales y menos, y descansando
sábados y domingos; y así respecto de otras modificaciones importantes de las
normas) un reto gerencial para reaccionar rápidamente y adaptarse. Tomar las
decisiones apropiadas para cumplir con la ley sin comprometer la sobrevivencia
de la empresa. Y, como se puede apreciar, esto apunta directamente a la calidad
de la gestión de la empresa.
11. Ha habido modificaciones sustanciales del marco normativo para sancionar el
incumplimiento de la ley. De una parte, las sanciones pecuniarias (las multas)
se han hecho drásticas. Se cambió la unidad de medida de estas: se había pasado
de montos fijos en las leyes laborales preinflacionarias, a calcularlas a base
del salario mínimo; ahora, se calculan a base de la unidad tributaria, que trepa
más que el salario mínimo. Antes, algunos pagaban la sanción y continuaban la
infracción, porque la pena les resultaba risible. Ahora, tendrán que
considerarlo. Por otra parte, las penas privativas de libertad, principalmente
el arresto, se han multiplicado contemplándose para varios tipos de infracciones
o irregularidades. Con todo, el cuadro sancionatorio de la LOTTT no llega a ser
tan punitivo como la LOPNNA o la LOPCYMAT o aun la Ley contra el acaparamiento,
la especulación y el boycot respecto de conductas u omisiones relacionadas con
el trabajo.
Se nota un sesgo en el marco sancionatorio: se ha cargado la mano contra el
patrono, mientras que han desaparecido las sanciones contra otros actores de las
relaciones laborales, principalmente los trabajadores y las organizaciones
sindicales. Un ejemplo ilustra este aspecto: según la LOTTT, varios pueden ser
los sujetos que atenten contra el derecho fundamental a la libertad sindical:
los patronos, los trabajadores, las organizaciones gremiales, el Estado, y
cualquier otra persona o entidad; pero sólo se establece sanción contra los
patronos violadores de esta libertad, lo cual podría significar un
quebrantamiento del derecho constitucional a la igualdad ante la ley,
garantizado además en diversos instrumentos normativos sobre derechos humanos
reconocidos universalmente.

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~ por daht20 en mayo 15, 2013.

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